Irónica eficiencia de la Denuncia Popular en materia ambiental

22/05/2013
Irónica eficiencia de la Denuncia Popular en materia ambiental

Sin lugar a dudas hoy en día el daño al medio ambiente no solo es de interés regional o nacional, sino de interés global, nuestro planeta ha perdido ya tres cuartas partes de los bosques templados y la mitad de los tropicales, el Fondo Mundial para la Naturaleza ha advertido que de continuar con el ritmo actual de tala inmoderada, la mayor parte de los 3 millones de hectáreas de bosque que cubren un tercio de la superficie terrestre, habrán desaparecido para el año 2040.

Es por ello que actualmente los países tienen la fuerte premisa de rediseñar sus patrones de desarrollo y adoptar nuevas estrategias que posibiliten reorientar la utilización de los recursos naturales de forma armónica con el progreso y subsistencia social.

México, como parte del concierto ambiental internacional, ha sido partícipe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en 1972 en Estocolmo, Suecia, Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo, en Rio de Janeiro Brasil en el año de 1992, siendo esta última la cumbre de mayor importancia actualmente en materia ambiental, por el numero y diversidad de actores.

En el ámbito nacional y en lo que a lo jurídico refiere, desde la Constitución de 1917, en su artículo 27 ya contemplaba la protección al medio ambiente, sin embargo, el primer verdadero esfuerzo legislativo en la materia fue la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental del 23 de marzo de 1971, donde se contemplaba la facultad de dictar medidas para prevenir y combatir la contaminación ambiental.

Actualmente contamos con la Ley General del Equilibro Ecológico, misma que fuera enviada al Congreso de la Unión por el Presidente Miguel de la Madrid el pasado 04 de noviembre de 1987 y publicada el 28 de febrero del siguiente año, expresando el titular del Ejecutivo literalmente “Con esta legislación tengo la certeza de que México fortalecerá su política ecológica y contará con mejores instrumentos para preservar sus recursos naturales y elevar la calidad de vida de la población”

Desde entonces, la citada legislación ha contemplado en su artículo 189 la potestad de toda persona, grupo social, ONG, asociación o sociedad, para denunciar ante las autoridades ambientales correspondientes, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, queja que dado el preámbulo anteriormente expuesto y al no ser omnipresentes las autoridades ambientales, debería de ser un recurso accesible, confiable, seguro y que incentivara su presentación.

Tal es el caso, que hace apenas algunos días en las instalaciones de Rincón Abogados fue atendido un honesto ciudadano, víctima de la ineficiencia con la que se lleva a cabo la tramitación de las Denuncias Populares.

Como pocos ciudadanos lo hacen hoy en día, y consciente de la necesidad y obligación de todo mexicano de contribuir con el cuidado ecológico, detecto dentro de su predio que alguien, sin su consentimiento, y sin autorización de la autoridad, estaba talando árboles clandestinamente, por lo que decidió ejercer el mecanismo a que hace mención el artículo 189 de la Legislación ambiental y presentar senda Denuncia Popular ante las autoridades correspondientes.

Ante tal situación, se cuestiona al apreciable lector, ¿Actuó correctamente el denunciante? ¿O debió de haber tomado medidas particulares sin hacer del conocimiento a la autoridad?. Resulta inconcuso que la protección ambiental es un deber de interés general, el cual todos tenemos la obligación de proteger y denunciar su incumplimiento, no importa si el daño directo se da en nuestra propiedad o en la del vecino, ya que de acuerdo al artículo 4°, como en el 27 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende por una parte el derecho a un medio ambiente sano, y por la otra, la obligación del Estado de crear mecanismos que propicien la preservación y restauración del mismo.

Es así, que una vez admitida la Denuncia Popular, se ordena por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llevar a cabo una visita de inspección en términos del artículo 160 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el cual, obliga a los propietarios o poseedores de terrenos forestales a dar facilidades al personal autorizado para la realización de visitas, ya que en caso contrario, se aplicarán rigurosas sanciones.

Es por ello, que el denunciante, interesado en impulsar la denuncia presentada y en su calidad de propietario, atiende directamente la visita de inspección llevando a los inspectores hasta el lugar de los hechos, acto seguido, se levanta la correspondiente acta en la que el denunciante literalmente con su puño y letra sostiene:

“Esta inspección me imagino que es en atención a una denuncia que hice en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, ya que desde hace tiempo me di cuenta que personas ajenas a mi propiedad, estaban talando los arboles para el uso de postes por lo que este oficio no tiene mi nombre ni menciona la denuncia que hice, me sale la duda sobre si yo soy el sospechoso por lo cual mi deseo es que se descubra a el o los taladores para que no se siga la tala”

Tal y como se desprende del Acta, fue verdad lo denunciado por el propietario, es decir, se estaban talando ilegalmente arboles dentro de su predio, incluso se plasma la fuerte convicción del denunciante-propietario de coadyuvar con la Procuraduría a pesar de desconocer al responsable, así como su temor de llegar a ser señalado como sospechoso.

Irónicamente es girado oficio de emplazamiento a aquel honesto ciudadano que denunciara el daño ecológico efectuado dentro de su predio, pero esta vez ya no como propietario o denunciante, sino como “PRESUNTO INFRACTOR”, además de imponérsele como medida correctiva la plantación de 150 árboles.

Es decir, aquel ciudadano que conociendo la existencia de hechos contrarios a la legislación ambiental, hechos que quebrantan el equilibro ecológico y que por lo tanto, decide emplear aquellos mecanismos creados por el legislador para coadyuvar con las autoridades ambientales, como es el caso de la denuncia popular, pasa de ser un ciudadano activo, participativo y comprometido, a ser el “PRESUNTO INFRACTOR”.

Sin mayores elementos que el Acta de Inspección en la que se establece la existencia de la tala clandestina, así como el dicho del propietario, es emitida vergonzosa resolución administrativa en la que se determina la plena responsabilidad del denunciante, asegurando que sí obtuvo un beneficio directo y que los actos realizados fueron de forma intencional, por lo que se impone una multa en cantidad de $43,840.00.

Evidentemente la próxima vez que detecte hechos que quebranten el equilibro ecológico dentro de su predio, se la pensará dos veces antes de denunciar nuevamente ante la autoridad correspondiente.

El presente caso, no es la excepción, es la regla, tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable al regular la tan importante herramienta como lo es la “Denuncia Popular” no diferencian entre la denuncia presentada por un extraño al predio forestal y la que es realizada por el propietario directamente, siendo este último el mayormente interesado en que se sancione al infractor, no solo por el deterioro ambiental, sino por el perjuicio patrimonial.

Diferenciación que resulta necesaria ante la evidente falta de cultura denunciativa en México, ya que según datos arrojados por el Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Francisco Moreno, al poner en marcha la Cruzada Nacional por la Denuncia Ambiental cada año se reciben entre seis y 7,000 denuncias, de las cuales las relacionadas con casos forestales suman 43%.

Imaginemos tan solo, de las alrededor de 7,000 denuncias presentadas el año pasado, cuántas fueron presentadas directamente por los propietarios de los predios forestales, mismos que al no distinguir la legislación, fueron sometidos al mismo procedimiento que el caso aquí planteado, en el que sin realizar una investigación detallada y sin contar con los elementos necesarios, se sanciona al propietario del predio aún y cuando él hubiera presentado la denuncia accionante del procedimiento.

Ante la evidente laguna legislativa, no cabe duda de que mientras se siga tratando de esta manera a los denunciantes-propietarios, es decir, como victima y acusado al mismo tiempo, se desincentiva la participación ciudadana para la procuración de la justicia ambiental.

Es ilógico que si una persona decide denunciar hechos ilícitos, con el afán no solo de velar por los intereses colectivos, sino que además por su situación particular de propietario, vela también por sus derechos personales al resentir una afectación directa a su patrimonio, resulte ser el principal sospechoso del ilícito.

No debe pasar desapercibido, que también pudiera darse el caso en el que efectivamente el propietario buscando un interés económico, decida talar árboles clandestinamente, y de acuerdo a lo aquí propuesto, presente denuncia popular para tratar de eximirse de toda responsabilidad, sin embargo en tal caso deberá de probar la autoridad con elementos fehacientes la responsabilidad del propietario, y no presumirla como actualmente acontece.

La legislación dentro de cualquier materia, siempre debe de premiar la buena fe de la participación ciudadana, creando mecanismos confiables y eficientes que incentiven y promuevan la vinculación directa de la población con el Estado, erradicando paulatinamente los casos aislados de aprovechamiento e ilegalidad, solo de esta manera, se logrará cumplir con aquellos compromisos pactados por el Estado mexicano en materia ambiental.

Lic. Adrián Jiménez Navarro
Abogado Litigante