En Rincón Abogados, presentamos el trabajo elaborado por la Lic. Ana Paula Ortega Decle y el Dr. César Rincón, titulado “La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo (15 de septiembre de 2025): entre la tradición jurisprudencial y los desafíos de la eficiencia procesal”.

El análisis examina con detalle la reciente iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, que pretende modernizar los procesos judiciales en México, pero que también podría alterar el equilibrio histórico entre eficiencia procesal y protección constitucional.

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El amparo: una creación mexicana que enfrenta nuevos retos

El juicio de amparo, una de las aportaciones más trascendentes del constitucionalismo mexicano, nació con el propósito de proteger al ciudadano frente a los abusos del poder público. Desde los aportes de Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, este mecanismo ha sido un pilar del Estado de Derecho.

Sin embargo, la nueva reforma a la Ley de Amparo, presentada por la Presidenta de la República en septiembre de 2025, busca —bajo el argumento de la “eficiencia procesal”— codificar criterios jurisprudenciales ya existentes, lo que puede generar una rigidez normativa que limite la flexibilidad interpretativa que históricamente ha hecho del amparo una herramienta viva y adaptable.

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Ejes críticos de la reforma

1. Interés legítimo

La reforma positiviza la figura del interés legítimo introducida en 2011, pero lo hace mediante fórmulas cerradas que podrían reforzar prácticas restrictivas.
Lo que se concibió como un cauce garantista para ampliar el acceso a la justicia corre el riesgo de transformarse en una barrera procesal, al exigir acreditaciones técnicas excesivas.
Como apuntan los autores, “la reforma no cerró una puerta que estaba abierta, sino que puso candado a aquella que en los hechos ya se encontraba entrecerrada”.

2. Suspensión del acto reclamado

El nuevo texto impide revivir actos administrativos previamente revocados y formaliza la figura de la “imposibilidad material” de cumplimiento.
Aunque en teoría busca evitar abusos procesales, en la práctica podría debilitar el amparo como escudo inmediato frente a actos arbitrarios, especialmente en casos de licencias y permisos revocados de manera discrecional por autoridades administrativas.

3. Recusación y orden público

La iniciativa limita las causales de recusación con el fin de evitar tácticas dilatorias, pero al mismo tiempo reintroduce el concepto ambiguo de “orden público”, que históricamente ha servido como argumento genérico para negar suspensiones.
Los autores advierten que, al no definir claramente este concepto, se deja a la autoridad un margen de discrecionalidad incompatible con la idea de control judicial efectivo.

4. Plazos de pruebas y ampliación de demanda

La reducción de plazos para ofrecer pruebas y ampliar la demanda pretende agilizar los procesos, pero en materias complejas —como la fiscal, ambiental o energética— acorta el tiempo para reunir dictámenes técnicos esenciales.
Esto genera una asimetría procesal, pues mientras la autoridad cuenta con expedientes completos, el ciudadano enfrenta restricciones temporales que comprometen su derecho de defensa.

5. Lavado de activos y estándares internacionales

La reforma restringe la procedencia de la suspensión provisional en bloqueos de cuentas decretados por la UIF.
Esta medida fortalece el marco antilavado de activos y alinea a México con las recomendaciones del GAFI, pero también abre debate sobre el equilibrio entre prevención financiera y tutela judicial efectiva.

6. Digitalización y expediente electrónico

La iniciativa impulsa la justicia digital mediante el expediente electrónico.
No obstante, los autores advierten que sin políticas compensatorias y acceso tecnológico equitativo, esta medida podría profundizar la brecha procesal, marginando a quienes carecen de conectividad o recursos tecnológicos.

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Un equilibrio en disputa

La reforma a la Ley de Amparo 2025 no es ni un retroceso absoluto ni una panacea legislativa.
Por un lado, aporta certeza normativa al consolidar criterios jurisprudenciales; por otro, incrementa los riesgos de formalismo y desigualdad procesal, afectando la esencia protectora del amparo.

Como señalan la Lic. Ana Paula Ortega Decle y el Dr. César Rincón, el verdadero desafío consiste en preservar la función del amparo como contrapeso al poder público, sin que la búsqueda de eficiencia sacrifique la justicia y el acceso efectivo a la protección constitucional.

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Conclusión

El amparo ha sido históricamente el escudo más eficaz frente a la arbitrariedad del Estado.
La reforma de 2025 plantea la necesidad de repensar su función en un contexto digital, económico y jurídico en constante transformación.
El reto será mantener su espíritu protector y evitar que la eficiencia procesal se imponga sobre la esencia garantista del derecho constitucional mexicano.

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