“No podemos utilizar el derecho penal para castigar a alguien que ya está tomando una decisión dura como lo es el aborto”, señaló la ministra Margarita Ríos Farjat durante su participación en el conversatorio “Aborto y Justicia” organizado por El Colegio de México. La jueza destacó la importancia de que los códigos penales locales mantengan una congruencia jurídica con los fallos del Máximo Tribunal y los congresos eliminen las normas que penalizan el aborto.

“¿Hacia dónde queremos ir con que se mantenga en los códigos? Hay que hacer una depuración en el orden jurídico congruente porque si no, quienes más van a sufrir son las partes más vulnerables de la sociedad y van a tomar la decisión de ir a un lugar clandestino a practicar algo de lo que el Estado debería responsabilizarse y generar condiciones de seguridad para que se lleve a cabo”, apuntó.

La ministra indicó que el aborto existe y seguirá existiendo sin importar lo que diga la norma, pero señaló la necesidad de que las leyes sean congruentes con realidad social que vivimos. “La idea del orden jurídico es que se esté hablando con su realidad, que se esté hablando con la sociedad en la que se está aplicando. En el momento en el que el derecho va por un lado y la sociedad va por el otro, se acabó la legitimación del orden jurídico y empiezan las fuentes de impunidad o, como lo que estaba pasando, el derecho no se estaba hablando con una realidad que es que las mujeres están abortando, lo están haciendo, no importa lo que diga la norma”.

En su disertación, Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), realizó un recorrido histórico breve sobre los pasos que se han dado desde la sociedad civil en México para alcanzar las sentencias de la Suprema Corte en torno al aborto, específicamente la que declaró la inconstitucionalidad de la penalización absoluta del aborto en el Código Penal de Coahuila (2021) y la que se resolvió el mes pasado donde se ordenó al Congreso de la Unión eliminar las normas del Código Penal Federal (CPF) que criminalizan el aborto y al personal de salud que lo practica.

La activista explicó que, a partir de la sentencia de 2021, GIRE emprendió una estrategia jurídica a nivel nacional donde, a través de amparos, cuestionaron la constitucionalidad de los códigos penales locales que mantenían la penalización del aborto. Destacó que el caso del Código Penal Federal “lo vimos en términos de la cobertura que tienen las instituciones de salud en nuestro país”.

Por otro lado, Marta Lamas, antropóloga feminista, hizo un repaso histórico sobre el aborto en el mundo y compartió la opinión de la jueza estadounidense, Ruth Bader Ginsburg, quien sostenía que se debe ir construyendo una arquitectura legal que proteja la libertad individual en materia de progresión, pero hacerlo sin olvidar que el cambio duradero se gana de manera de manera incremental transformando las conciencias y no con fallos constitucionales. En ese sentido, celebró el papel actual de la Suprema Corte en México al abrir el debate en torno a este tema.

Además, Lamas señaló que en la actualidad el problema de la ilegalidad del aborto está marcando dos campos políticos: el de quienes tienen poder para impedir o favorecer los nacimientos, aunque no asuman la responsabilidad cotidiana de su crianza, y por otro lado están los seres humanos que tienen que asumir efectiva y económicamente en el día a día el tener un hijo o hija. “Yo pienso que en el hecho de que, al procrear una criatura las mujeres tienen que asumir de forma individual su crianza, ahí está el tema de cómo el aborto se vuelve la lucha por la autonomía y la libertad de las mujeres”, sostuvo.